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18/02/2018
El golpe a las instituciones

“El ‘procés’ ha deteriorado la base de la democracia: las leyes, los órganos de representación de la soberanía y los que resuelven sobre la legalidad”; por Xavier Vidal-Folch y María Fabra, en El País

La manifiesta incompetencia del separatismo para concertar la investidura de un president de la Generalitat es el último episodio de una tenaz degradación institucional. La continua desobediencia a la ley y a los tribunales y el desprecio a la oposición alimentan el deterioro del orden democrático e institucional. El autogobierno sufre la carga de tener todos sus instrumentos básicos desacreditados tras una larga marcha de elogio a la desobediencia. Esto empezó en el pseudorreferéndum del 9-N de 2014 y concluyó con la ruptura del orden estatutario y constitucional en otoño de 2017, plasmado en el golpe contra la legalidad democrática de los días 6, 7 y 8 de septiembre pasados. La corrosión de las instituciones afecta de lleno a la figura del president. Tanto Mas como Puigdemont han dilapidado su imagen y han contribuido de manera fundamental a la pérdida temporal de la autonomía. La prolongada incapacidad del secesionismo catalán para acordar la investidura de un president de la Generalitat es el último episodio de una meteórica degradación institucional. Su pertinaz desobediencia a las leyes, su insistente desprecio a la oposición y su prolongado desacato a los tribunales marcan esa corrosión del orden democrático e institucional y deja al autogobierno repleto de instrumentos básicos desacreditados. Esta es la herencia:

 

1.- El veneno del desorden. En el principio estuvo el elogio a la desobediencia. La ruptura por parte del secesionismo catalán del orden estatutario y constitucional en otoño de 2017 tuvo dos prólogos. Uno, el pseudorreferéndum del 9-N de 2014. Otro, la resolución parlamentaria del 9-N de 2015, tras las elecciones del 27-S en las que el convocante, Artur Mas, perdió el plebiscito (en voto popular) pero ganó la mayoría parlamentaria (en escaños).

 

La resolución aprobada por el Parlament en noviembre de 2015 plasmaba la llamada “hoja de ruta” del independentismo y proclamaba abiertamente “el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de república”. Un proceso por el que no se supeditaría a sus instituciones, “en particular” al Tribunal Constitucional (TC). Fue suspendida y anulada el 2 de diciembre, quedando afectadas de nulidad todas las resoluciones que colgasen de ella.

 

La propaganda oficial intentó justificar su acción con argumentos históricos y electorales, todos ellos inaplicables al caso. Quiso equiparar la reivindicación del independentismo con el movimiento estadounidense de los años sesenta por los derechos civiles (de Rosa Parks a Martin Luther King); con el pacifismo anticolonial de Gandhi en India y con la resistencia de Nelson Mandela y la mayoría sometida por el apartheid en Suráfrica. Pero no es lo mismo: la desobediencia en esos casos la protagonizaron los ciudadanos, no las instituciones. Y, sobre todo, las normas contra las que se rebelaron no eran democráticas, a diferencia de los Estatutos de Cataluña (de 1979 y 2006) y de la Constitución de 1978, ambos apoyados ampliamente por el electorado catalán.

 

La propaganda también pretendió anclar la secesión en un “mandato electoral”, el del 27-S: pero el voto a los partidos independentistas se cifró en el 47,7% (y declinó unas décimas en 2017) y no alcanzó siquiera la mayoría. La doctrina más comprensiva con los movimientos de secesión —como el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre Quebec— exige que la mayoría sea además “clara”.

 

El secesionismo aupó su plan evocando el derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido por la ONU (20/8/1998): apelación inaplicable en Cataluña, no sometida a una opresión colonial, ocupación militar extranjera u opresión dictatorial asfixiante, los supuestos en los que el derecho internacional da luz verde a las legítimas secesiones. Este elogio a la desobediencia planteó un venenoso horizonte de desorden en cascada: ¿con qué credibilidad una autoridad reclamaría a sus ciudadanos que respetasen las leyes, si antes ella misma las violó?

 

2.- El golpe contra la legalidad. La principal institución de una sociedad moderna es su legalidad democrática. Es exactamente esta la que fue sometida al golpe parlamentario de los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017 mediante las leyes de ruptura que abrogaron la vigencia del Estatut y la Constitución. La ley del “referéndum de autodeterminación”, votada en el bochornoso pleno del 6 d septiembre de 2017, atenta contra toda la normativa internacional sobre consultas referendarias, concretamente la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, según la cual “el uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad” y “no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a esta no los estipula” (artículos I y III de su código de buenas prácticas). La posterior celebración de la consulta del 1 de octubre incumplió el resto de requisitos de Venecia. Y también 25 de los 34 artículos de la propia ley del referéndum catalana.

 

La otra ley de desconexión, la de “transitoriedad y fundacional” de la república catalana, consagraba un Estado catalán independiente de corte autoritario. Ese Estado liquidaría la actual división de poderes y la independencia judicial. La judicatura se convertía en un monopolio de poder del Ejecutivo: correspondería al presidente de la república el nombramiento (artículo 66) del presidente del Tribunal Supremo, según el modelo semidictatorial polaco, hoy perseguido por la UE. E indirectamente (artículo 70) el Ejecutivo obtendría el mando sobre todos los demás cargos judiciales.

 

La nueva Constitución se encomendaba a un disparatado modelo de inspiración venezolana: durante la vigencia de la ley de transitoriedad se crearía (artículos 85 y siguientes) un organismo escabinado entre gobernantes y miembros de la sociedad civil que “prepararía” el proceso constituyente. Las conclusiones a las que llegase tal organismo serían de obligado cumplimiento.

De modo que ambas leyes no solo destruían el orden democrático libremente elegido por los catalanes y el conjunto de los españoles. Instauraban un orden, autoritario, cercano a las dictaduras.

 

3.- La burla a los propios juristas de la Generalitat. Los organismos de la Generalitat encargados de vigilar la adecuación de las leyes autonómicas (y otras) al Estatut y la Constitución son dos: el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE, una suerte de TC sin efectos obligatorios) y los servicios jurídicos del Parlament (internos de la Cámara). Sus dictámenes, no vinculantes, han gozado de gran predicamento por su prestigio técnico. Sus recomendaciones se tuvieron en cuenta hasta la fase final del procés, en la que los dirigentes secesionistas han minimizado, ignorado e incluso ridiculizado a sus propios juristas.

 

EL CGE dictaminó a lo largo de 2017 contra seis de las siete normas parlamentarias que le fueron sometidas a consideración y que declaró anticonstitucionales, en su mayoría por unanimidad. Solo convalidó la relativa al voto electrónico en el extranjero (dictamen 9/2017). Entre las disposiciones que desautorizó estaban la del Presupuesto de 2017 que habilitaba una partida para el referéndum ilegal (2 de marzo); obligó a retocar la reforma del reglamento del Parlament que permitía votaciones exprés (6 de julio) y consagró que toda proposición de ley, como la de transitoriedad, debe “poder ser objeto de solicitud de dictamen” del propio CGE (7 septiembre).

 

También los letrados del Parlament advirtieron en numerosas ocasiones a la Mesa y a sus señorías de que proponían normas ilegales. Su coraje profesional les costó disgustos, especialmente en las sesiones del 6, 7 y 8 de septiembre de 2017, cuando manifestaron sentirse “coartados” y “presionados” por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y la mayoría independentista.

Pese a ese abuso, tramitaron un escrito a la Mesa alertando de que ambas leyes (referéndum y transitoriedad) vulneraban las advertencias y la prohibición del Constitucional: incumplirlas “podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa”, como así fue. Estaban advertidos. La última toma de posición de los juristas institucionales contra el pirateo legislativo ha sido la recomendación de evitar una investidura presidencial por vía telemática o por delegación (15 de enero de 2018).

 

4.- La desobediencia a los tribunales. El símbolo más evidente de cómo el independentismo ha vulnerado la ley tiene un nombre, Santiago Vidal: un magistrado para violar la ley. Siendo aún juez (magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona) participó en la redacción de una constitución para una Cataluña independiente que violaba el ordenamiento constitucional. Fue sancionado en febrero de 2015 y apartado de la carrera judicial a la que ahora ha pedido reincorporarse.

 

Los continuos quebrantamientos del Estatut y la Constitución a cargo del secesionismo han forzado al Constitucional a dictar 34 resoluciones: 22 sentencias y 13 autos, desde la resolución del Parlamento de Cataluña en la que se aprobó, en 2014, una declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, hasta un recurso de amparo del PSC sobre el acuerdo de la Mesa que permitió la tramitación y aprobación de la ley del referéndum, este mismo mes de febrero. El alto tribunal ha adoptado todas ellas por unanimidad, sorteando así las acusaciones de politización partidista del máximo garante de la Constitución. Los mismos políticos que empezaron quebrantando la ley han acabado vulnerando los mandatos de la justicia que les obligaban a restaurarla. Los incumplimientos de las resoluciones se aproximan a una decena aunque, de momento, solo existe una condena al expresident Artur Mas, a Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por organizar la consulta del 9-N.

 

También el alto tribunal ha emitido discutidas resoluciones, como la dictada por el intento de Puigdemont de ser investido de forma telemática, en la que adoptó medidas de tipo cautelar sin haber aceptado formalmente a trámite el recurso (27 de enero). Pero la incoherencia es más evidente en la doble vara de medir del independentismo en sus reacciones a esas resoluciones: por un lado se esfuerza en deslegitimarlas en su discurso político; por otro, no duda en recurrir cualquier sentencia que le sea desfavorable ante el propio tribunal. Esta contradicción suele explicarse como una conveniencia procesal, la necesidad de agotar la vía jurisdiccional interna antes de apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

Todas esas mellas inferidas al aparato institucional de la democracia han tenido efectos colaterales contaminantes. El Gobierno aprobó en 2015 —en solitario—, una reforma del Constitucional dirigida a frenar cualquier intento secesionista. La reforma le dotó de un mecanismo para hacer cumplir sus sentencias y le otorgó la potestad de suspender de sus funciones a cargos públicos. Buena parte de los magistrados que forman parte del plenario la consideró como un intento del Gobierno de Rajoy de trasladar al alto tribunal la resolución de un problema de alcance estrictamente político.

 

El Gobierno central ha cumplido la ley pero la apelación casi en exclusiva a los tribunales para frenar al independentismo se ha revelado insuficiente: múltiples voces han reclamado vías y planteamientos políticos adicionales para encauzar el problema. Una consecuencia de este déficit es el riesgo de erosión de la imagen exterior de la sólida democracia española: los organismos internacionales especializados la respaldan, pero la opinión pública europea toma distancias: España figura como tercer Estado (por detrás de Bulgaria y Croacia) donde un mayor porcentaje de ciudadanos percibe que la justicia no es independiente, según los datos del informe hecho público en abril de 2017 de la Comisión Europea.

 

Además del Constitucional, la inclusión de argumentos casi políticos en las resoluciones del juez que instruye las causas secesionistas, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, han agrandado esa percepción.

 

5.- El Govern, un sanedrín clandestino. Los gobiernos en la sombra son legítimos artilugios de la oposición para contrarrestar con una imagen alternativa, que se pretende mejor. La oposición en el Reino Unido suele articular estos shadow cabinets, públicos y notorios, y meramente propagandísticos, porque no adoptan decisiones ejecutivas. Pero lo que sucedió con la institución del Govern en la Cataluña del procés apenas tiene parangón en la historia.

 

La existencia del sanedrín, o gobierno invisible, tomó carta de naturaleza pública en julio de 2017 cuando el consejero de Empresa, Jordi Baiget, hizo unas declaraciones al diario El Punt/Avui que le costarían el cargo, acusado (con sordina) de traidor: “Una parte del Govern no está en el núcleo duro de las decisiones”, manifestó horas antes de ser destituido.

 

El sanedrín, aunque de composición cambiante, tenía entre sus fijos al president Puigdemont y a su predecesor Artur Mas; al vicepresidente Oriol Junqueras; a los jefes del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull y Marta Rovira; a los dos Jordis (Sànchez y Cuixart, presidentes de las asociaciones soberanistas privadas ANC y Òmnium); al editor y fundador del diario Ara, Oriol Soler, visitante de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres y activista en las redes de la causa independentista catalana; al exconsejero Xavier Vendrell.

 

El formato más barroco del estado mayor fue la heteróclita congregación de gobernantes y activistas en la decisiva noche del 25 de octubre de 2017, cuando Puigdemont decidió convocar elecciones autonómicas y volver a la legalidad, propósito que no mantuvo ni 24 horas. No se escribió un acta oficial, ni hubo un registro de asistentes, pero el president formalizó verbalmente aquella decisión de convocar. Cosas del amateurismo y la degradación institucional: un sopragoverno que es un organismo de convocatoria clandestina, de composición secreta, que actúa en ausencia de procedimientos reglados, con usurpación de funciones legales, quebrantando la transparencia y en violación del principio de responsabilidad.

 

6.- La desnaturalización del

Parlament. Una de las instituciones más desnaturalizadas por el procés ha sido el Parlament, la institución que representa al pueblo de Cataluña. La cúpula secesionista ha representado desde (al menos) octubre de 2015 una obsesión por desgarrarla, al reducir los derechos de casi la mitad de la misma, la oposición.

 

Sin contar otras actuaciones de autodefensa, los diputados de Ciudadanos, del PSC o del PP —que componen el llamado bloque constitucionalista— han tenido que acudir en dos ocasiones a pedir amparo al Constitucional. Lo hicieron porque se les limitó su actuación. En tanto que son representantes de los ciudadanos, también se vulneró el derecho fundamental de los electores a la participación política (artículo 23 de la Constitución). Es decir, se vulneró la línea de flotación de la democracia representativa.

 

En ambos recursos, (junio de 2016 y diciembre de 2017) el tribunal les dio la razón y amparo. Pese a que la responsabilidad política por estas actuaciones es colectiva, destaca por su preeminencia institucional la responsabilidad individual de la presidenta del Parlament hasta el 18 de enero, Carme Forcadell. Forcadell ha sido el estandarte del menosprecio a la Constitución. Hasta el punto de que hasta en seis ocasiones (para un mandato de poco más de un bienio) el TC ha tenido que advertirle, con carácter personal y específico, de la ilegalidad de sus actuaciones.

 

7.- La degradación de la figura

del president. Entre las instituciones del autogobierno catalán, destaca una por su arraigo popular casi mítico, la del president. Tres presidentes contemporáneos de la Generalitat contribuyeron mucho a ese carácter legendario: Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas, quien durante 40 años mantuvo digna y sobriamente en el exilio la llama de la institución.

 

Los presidentes de la etapa secesionista dilapidaron esa herencia. Artur Mas ni siquiera se presentó como cabeza de lista, y por tanto como candidato formal a president, en sus últimas elecciones (2015). Carles Puigdemont pretende confundir el presidencialismo del autogobierno con la impunidad, al reclamar al Gobierno que le exima del proceso judicial y así volver a España sin dar cuentas de su actuación. Además, él y su círculo se mofan de la historia de sacrificio de los presidentes en el exilio (Companys, Josep Irla, Tarradellas), equiparando su fuga como prófugos de la justicia a la persecución que aquellos sufrieron a mano de las dictaduras.

 

El presidente de la Generalitat además ostenta otra función capital: es el “representante ordinario del Estado en Cataluña”, según el Estatut (artículo 67). Pero para Puigdemont esta responsabilidad es un concepto vacío de valor o significado, lo que degrada adicionalmente el catálogo competencial de la figura que encarnó.

 

Su empeño por construir un Estado independiente cristalizó en la eliminación de la autonomía. El secesionismo que hoy lamenta su pérdida fue el mismo que abrogó el Estatut (y la Constitución) con las leyes de ruptura.

 

El president se comprometió el 25 de octubre a convocar elecciones autonómicas para volver a la legalidad y evitar esa intervención; y se desdijo al día siguiente. Además, la aceptó de facto, al presentar candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre. Alega también que no solo su expresidente, sino también parte de su Gobierno ha sido forzado a “exiliarse”. Obvia que lo suyo no es un exilio y olvida el caso más antiguo del mundo, el de la Rada de la República Popular Bielorrusa, que lleva cien años en el exterior. Y es que un Gobierno en el exilio solo tiene sentido cuando no es posible formar uno legítimo en el propio territorio.

 

(Publicado en El País el 18.02.2018)

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